Mientras la confusión sobre el futuro del aeropuerto de Castellón no hace más que crecer y las informaciones que salen de las bocas de quienes supuestamente son los máximos conocedores -y también responsables- del proyecto se contradicen a niveles casi imposibles, van conociéndose nuevos detalles que ponen de relevancia hasta qué punto la situación parece descontrolada. Y es que acaba de trascender que la infraestructura, inaugurada en marzo de 2011 pese a carecer de los permisos necesarios para operar y de acuerdos cerrados con compañías aéreas, busca ahora un técnico para reforzar el estudio sobre la climatología que la Universitat Jaume I de Castellón hizo hace ya 12 años.
El cometido de este nuevo empleado, cuyo sueldo correrá a cargo de la sociedad pública Aerocas -participada en un 98 por ciento por la Generalitat Valenciana y en un dos por ciento por la Diputación-, será el de mantener la red de estaciones medidoras que se han instalado en la provincia.
Este hecho no resultaría extraño si la instalación de Vilanova d’Alcolea estuviese funcionando y los turistas llegasen a Castellón tal y como estaba previsto. Sin embargo, justo un día después de que el presidente del Consell, Alberto Fabra, admitiese que el aeropuerto sólo operará con vuelos chárter, ya que las líneas regulares «no son sostenibles» para la base castellonense, resulta, cuanto menos, curioso. Sobre todo teniendo en cuenta que, a día de hoy, Aerocas cuenta con una plantilla de siete personas, entre ellas un director general, Juan García Salas, histórico del PP, que tiene un salario por encima del que percibe el propio Alberto Fabra. O un relaciones públicas, Alejandro Borrás, que es además edil en el Consistorio de Nules.
Al respecto, cabe recordar que Aerocas, firma de la cual Carlos Fabra, líder del PP de Castellón, es presidente, es una de las cinco empresas públicas de la Generalitat que se encuentra en causa de disolución. Y está en esa situación porque sus pérdidas han dejado reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad de su capital social. De momento, el aeropuerto sin aviones acumula una deuda de nueve millones de euros.
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